Fallo de Corte sobre delitos fiscales protege la corrupción: AMLO

“Se trata de proteger a delincuentes de cuello blanco. Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís. Son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno y respetamos la decisión", dijo el presidente El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación …

“Se trata de proteger a delincuentes de cuello blanco. Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís. Son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno y respetamos la decisión», dijo el presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el decreto que establece prisión preventiva obligatoria para los acusados de cometer delitos relacionados con el contrabando, uso de facturas falsas y defraudación fiscal.

Al ser cuestionado sobre la determinación de la Corte en su conferencia mañanera, el mandatario mexicano consideró que esta decisión del máximo tribunal del país va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías; sin embargo afirmó que respetará la decisión de la SCJN.

“Hace falta todavía lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio de dinero de los poderosos”, señaló el presidente.

López Obrador dijo que lo que ocurrió en la SCJN refleja que en nuestro país hay división e independencia en los poderes, “algo que no sucedía en décadas”, porque de acuerdo al mandatario antes el poder de los poderes era el Ejecutivo y en lo que va de su sexenio los ministros de la Corte actúan con “absoluta libertad. Esta es la democracia verdadera”, aseguró.

La Corte justificó su decisión para invalidar el decreto con esta explicación: “dado que las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa (es decir, en automático) considerando únicamente el tipo de delito, los ministros estimaron que las mismas resultaban contrarias a los derechos humanos reconocidos por la Constitución”.