Aprueban diputados 25 años de cárcel para delito de extorsión

Durante la discusión en lo particular se avaló una reserva presentada por el morenista Ricardo Monreal que reduce las sanciones para los servidores que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público la comisión del delito de extorsión.

Tras ríspido debate que se prolongó por más de diez horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que impone penas hasta por 25 años de cárcel a quienes incurran en estos ilícitos.

Durante la discusión en lo particular se avaló una reserva presentada por el morenista Ricardo Monreal que reduce las sanciones para los servidores que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público la comisión del delito de extorsión.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum proponía penas de diez a veinte años de cárcel, pero se redujo de cinco a doce años de cárcel para los funcionarios públicos cómplices de los extorsionadores, lo que fue criticado por los panistas y priistas que, dijeron, es un mensaje de impunidad y se busca proteger a delincuentes como el líder de la Barredora, Hernán Bermúdez y su cómplice Adán Augusto López.

El morenista Hugo Eric Flores salió en defensa de los cambios. “quisiera decirles a los diputados de mi grupo parlamentario y de la coalición gobernante del Partido Verde y del Partido del Trabajo no temamos en votar a favor de esta reserva porque la Ley Sheinbaum-Harfuch va a hacer historia y va a ser un legado en nuestro país, porque no tiene antecedente. No podemos seguir institucionalizando la extorsión”.

Sin embargo, los petistas a través de Lilia Aguilar expresaron su desacuerdo con la reducción a los funcionarios públicos cómplices.

Otro de los cambios avalador plantea que la reparación del daño por el delito de extorsión se hará con cargo a los recursos obtenidos de los procesos de extinción de dominio, pero sin afectar los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno federal o de las entidades federativas.

La nueva ley contempla una pena básica de 6 a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 56 mil 570 pesos, a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.

Aprueban diputados 25 años de cárcel para extorsionadores

Se contemplan 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones más severas; es decir, los castigos se elevan hasta una tercera parte, de 8 a 20 años de prisión, en casos como el cobro de “piso” o cuando la extorsión se dirija a quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, o se cometa a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada.

Las penalidades aumentarían hasta una mitad, para alcanzar de 12 a 22.5 años de cárcel, por extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, o cuando el responsable tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima.

Se incrementa de 10 a 25 años de prisión a quien emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional o en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional.

Asimismo, se establecen las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de ésta y se homologa un solo tipo penal para su aplicación en todas las entidades federativas.

De esta forma, indicó el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, el Estado mexicano contará con un tipo penal uniforme y penas más severas, sin beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión.

“Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades; además, se protege la integridad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar”, expresó.

La panista Margarita Ester Zavala Gómez del Campo dijo que la extorsión es una plaga ya extendida en todo el país, en gran parte tiene su causa por una política de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, que fue cuando se disparó en un 50 por ciento el cobro de piso.

En esto coincidió el priista Arturo Yáñez: “Este delito creció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con su política errónea y fallida de abrazos y no balazos. Aquí están las consecuencias de ese mal Presidente y no lo decimos nosotros, también lo dicen las estadísticas. Según el INEGI, en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública en el 2024, más de 23 millones de personas adultas mayores de 18 años fueron víctimas del delito de extorsión, de asalto en la calle o en transporte público, pero más la extorsión.

Indicó que esta ley no es una victoria, es una confesión del fracaso del sexenio anterior.
La nueva ley antiextorsión fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.