Descomunal multa de CRE a Iberdrola

Este viernes la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso una descomunal multa de más de 9 mil millones de pesos a la empresa española Iberdrola Energía. De acuerdo con un comunicado del órgano regulador, se impuso multa de 466.43 millones de dólares, equivalentes a 9 mil 145 millones de pesos a la subsidiaria Monterrey de la compañía ibérica, por considerar que violó un permiso de generación de energía eléctrica de autoabasto, vendiéndola a sus socios.

Ante ello, Iberdrola omitió dar comentarios acerca del suceso, reservándose su opinión. La resolución de la CRE estableció que el permisionario incumplió el artículo 36, fracción l, inciso ‘a’ de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que plantea que “no se deben vender energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma, al aprobarse el proyecto original que incluya planes de expansión”.

Refiere que ante ello se sancionó a lberdrola Energía Monterrey, titular del permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento. La CRE explica que la conductas que generaron infracciones fueron que Iberdrola Energía Monterrey, en su calidad de permisionaria de generación de energía eléctrica, bajo la modalidad de autoabastecimiento, vende la energía eléctrica generada por la central eléctrica en contravención del artículo 36, fracción I, inciso a, segundo párrafo, numeral 4, de la LSPEE y 90, fracción I del Reglamento de la LSPEE.

Indica que “del periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, que abarcan los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) proporcionados por la Administración General de Hidrocarburos del SAT”, según la resolución de la CRE, “se advierte que la permisionaria comercializó la energía eléctrica generada por la central vendiéndola a sus socios, en contravención de lo previsto”.

CRITICADA POR AMLO

La multa a la firma española, que ha sido duramente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se da en medio de una política de revisar los permisos de autoabasto entregados en el gobierno anterior y que la actual administración asegura han sido utilizados indebidamente por las empresas que los recibieron.