Este lunes se presentó la segunda demanda contra empresas norteamericanas, fabricantes de armas

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), resaltó que el Gobierno de México presentó una segunda demanda para combatir el tráfico ilícito de armas, recurso en contra específicamente de cinco tiendas (dealers), que participan de manera sistemática en el tráfico de armas, incluyendo de tipo militar, para organizaciones criminales en México

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, puntualizó, e l Gobierno de México demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona, en su nombre y en beneficio de sus ciudadanos.

A través de un videomensaje, el encargado de la política exterior del país recordó que esta segunda demanda es parte de una estrategia multifacética para detener el ingreso de armas ilegales a nuestro país, en particular los rifles de asalto, que equipan a grupos delictivos y provocan derramamiento de sangre en el país.

Con la finalidad de detener esa avalancha de ingreso ilegal de armas a nuestro país, sostuvo, se presentó hoy una nueva demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de cinco tiendas de armas en Arizona.

Ebrard Casaubon precisó que en la referida demanda se alega que dichos vendedores, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers) y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.

La demanda señala que las cinco tiendas se encuentran entre los vendedores de Arizona cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México, son: Diamondback Shooting Sports, SNG Tactical, Loan Prairie, conocida como The Hub Target Sports , Ammo A-Z, y Sprague’s Sports.

El litigio forma parte de una estrategia multifacética del Gobierno de México para detener el ingreso de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En este contexto, el funcionario puntualizó que dicha acción judicial de ninguna manera cuestiona el derecho constitucional a portar armas de los ciudadanos estadounidenses, ni el derecho de las tiendas a vender sus productos de manera responsable y en apego a la ley. La demanda involucra una causa común de ambos países cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de armas de fuego.

La demanda anterior presentada por el Gobierno de México en Boston, Massachusetts, fue la primera demanda presentada por un gobierno nacional contra la industria de las armas en Estados Unidos. La demanda presentada en Arizona es la primera demanda civil presentada por un gobierno nacional contra vendedores de armas en Estados Unidos que abastecen el mercado criminal.

En la demanda presentada se presentan argumentos como que los vendedores no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un daño mayúsculo en territorio mexicano.

Una sentencia favorable en este litigio respaldará la primera demanda presentada en Boston, ya que comprobaría que las empresas fabricantes son negligentes por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos.

A su vez, los abogados que encabezan la estrategia legal del Gobierno de México son Steve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence de Washington, Ambos juristas de reconocido prestigio en Estados Unidos en el tema de daño transfronterizo y control de armas.

Ebrard Casaubon señaló que el gobierno de nuestro país confía que tanto la demanda en Boston contra fabricantes como la demanda en Arizona contra vendedores prosperarán en la arena judicial. Las acciones emprendidas por México ya contribuyeron a promover conversaciones y acciones en todo el mundo para detener el tráfico de armas, así como las peligrosas prácticas de la industria armamentística.