Plantea PT reformas a la Ley de Aguas Nacional para reducir efectos de la sequía en zonas áridas y semiáridas

El Partido del Trabajo plantea reformas a la Ley de Aguas Nacional para reducir efectos de la sequía en zonas áridas y semiáridas.

El diputado del Partido del Trabajo, Jesús Fernando García Hernández, propuso reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de que sea atribución de la Comisión Nacional del Agua desarrollar estrategias regionales para la administración del agua, encaminadas a prevenir y reducir los efectos de la sequía.

La reforma al artículo 9 plantea que será atribución de la CNA desarrollar con autoridades de otras dependencias y entidades federales, con el gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías, con gobiernos de los estados que correspondan y por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios dichas estrategias.

En la iniciativa, el legislador petista argumentó que el 52 por ciento de la geografía nacional consta de superficie árida y semiárida, donde anualmente impera una baja precipitación pluvial, el país es un territorio vulnerable a las sequías, cuya recurrencia convierte así al fenómeno en uno de los problemas de mayor importancia para la agenda pública y privada.

Destaca que en años recientes este fenómeno climatológico ha generado daños severos y de enorme cuantía económica en las actividades productivas del sector primario, así como efectos nocivos en el suministro oportuno del vital líquido en asentamientos urbanos y rurales.

García Hernández indicó que entre los estados que registran índices de sequía extrema se encuentran en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Colima. Es más severo en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima.

La Comisión Nacional del Agua detalla que los impactos pueden clasificarse en: económicos, ambientales y sociales. Los económicos consisten en la pérdida de producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, así como en la recesión en la tasa de crecimiento económico regional y en aumento en la demanda de energía.

La iniciativa afirma que las medidas instrumentadas para la atención de esta problemática son loables, sin embargo, para un mejor cumplimiento deberían traducirse en norma legal, de suerte que su vigencia y aplicación tenga un carácter obligatorio y no potestativo. La emergencia de la situación lo demanda así.

Señala que el registro estadístico de la sequía en México, refleja que el fenómeno marcó una tendencia al alza, y en el mes de junio del año en curso se ubicó en una afectación al 84 por ciento de la geografía nacional; muy cercana a la registrada en 2012, cuyo pico fue cercano al 88 por ciento, mientras que de 2010 a 2020 se mantuvo en un nivel promedio del 60 por ciento.